Panama
La percepción del aumento de la criminalidad juvenil en Panamá se ha incrementado durante los últimos años. No obstante, las causas penales cuyos involucrados son personas menores de edad, no superan el 8% del total de casos que resuelven los tribunales de justicia penal.

Según estadísticas judiciales, el 72% de los delitos investigados por el Ministerio Público vinculados con adolescentes son delitos patrimoniales (Hurto y Robo). El delito de homicidio sólo representa el 3.5% de los delitos investigados desde el año 2003 hasta el año 2009.

Contrario a la percepción imperante en la sociedad panameña, las sanciones privativas de libertad aplicadas a adolescentes en conflicto con la ley penal aumentaron más del doble del año 2008 al año 2009, conforme a datos estadísticos proporcionados por el Juzgado de Cumplimiento de Panamá.

En el año 2011, de acuerdo con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, 412 jóvenes se encontraban cumpliendo sanciones privativas de la libertad o medidas socioeducativas, mientras que en el 2013 este número aumentó a 997 adolescentes, lo que trajo como consecuencia el aumento de la población en centros de cumplimiento de sanciones y la necesidad de crear nuevas alternativas que permitan la resocialización y la prevención del delito.

Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia (RERPA)
La Ley 40 de 26 de agosto de 1999 establece un Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia (RERPA), el cual reconoce capacidad, derechos y garantías a las personas menores de edad, aplicando un tratamiento diferente al del adulto, a fin de exigirle responsabilidad por los hechos delictivos cometidos.

Finalidad
El Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia tiene una finalidad educativa que consiste en introducir a los y las adolescentes en el proceso pedagógico de la responsabilidad, de modo que se asegure su reinserción en la familia y en la sociedad, a través del aprendizaje de una actitud constructiva en relación con su entorno.

Entre otros aspectos, el RERPA responde a:

• El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
• Inclusión de los métodos alternos de resolución de conflictos.
• Ampliación del catálogo de sanciones y medidas con finalidad pedagógica.
• Implementación de un sistema garantista especializado.
• Participación de la víctima en el proceso penal. 

Ámbito de aplicación
Para su aplicación, la Ley 40/99 establece una diferenciación en cuanto al proceso, las sanciones y su ejecución, entre dos grupos etarios:
• De los doce a los catorce años de edad.
• De los quince a los diecisiete años de edad.

Aplicación de la justicia juvenil en Panamá
La entidad encargada de organizar y administrar programas de ejecución de sanciones y medidas alternas es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) adscrito al Ministerio de Gobierno, bajo la verificación y control del Juzgado de Cumplimiento del Órgano Judicial.

Para los adolescentes de entre doce y catorce años, se aplican medidas de reeducación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

Instituciones del RERPA
• Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia
• Juzgados Penales de Adolescentes
• Juzgado de Cumplimiento
• Defensores de Adolescentes
• Fiscalías Penales de Adolescentes

Instituciones auxiliares del RERPA
• Unidad Especializada de Adolescentes de la DIJ.
• Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. (SENNIAF)
• Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI)
• Policía de Niñez y Adolescencia

Desafíos de la Justicia Penal Juvenil
La normativa panameña ha sido objeto de siete reformas en los últimos años, a través de las cuales se han endurecido las sanciones, extendiendo su duración y restringiendo la aplicación de medidas alternas. Estas reformas fueron efectuadas sin evaluar su impacto en materia de derechos humanos, sin medir su efectividad y sin dotar al sistema de los recursos necesarios para su adecuada implementación.

Fortalezas del marco legal
La ley 40 de 1999 es una ley especial creada en sus inicios con fundamento en los principios y normas especiales consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, en la Convención de los Derechos del Niño, en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), en las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana) y en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad).

Buenas prácticas
Programa de resocialización de la Escuela Vocacional de Chapala, el cual incluye técnicas modernas de intervención pedagógica, implementadas a través de una formación cristiana, humana y académica, cuyo objetivo es la reincorporación de los adolescentes en conflicto con la ley penal a la sociedad.