Guatemala

La justicia juvenil en Guatemala aún no es bien interpretada en toda su dimensión, la inseguridad, pobreza, falta de oportunidad, ignorancia y poco acceso a la justicia, crean en la opinión pública cierta resistencia e interpretaciones negativas en contra de las leyes que regulan a los adolescentes que han transgredido la ley.

Muchos adolescentes viven en un contexto de marginalidad social, carencia de servicios básicos, educación, salud e inserción laboral y de pandillas, a las que ingresan muchas veces por coerción, o como respuesta a carencias familiares y de afecto ya que estas les brindan oportunidades de pertenencia y cierto grado de protección; lamentablemente estas pandillas son parte de una red más compleja y elaborada del crimen organizado.

Existen juzgados especializados de adolescentes en conflicto, los que se encargan de conocer y resolver la situación de aquellos que han transgredido la ley; en Guatemala, la sanción máxima de privación de libertad es de 6 años; para los delitos menos graves existen medidas socioeducativas que intentan educar y socializar al joven para que sea un ciudadano con pertinencia y que tenga las capacidades para responder a una sociedad dinámica y en desarrollo.

Puntos débiles en la Justicia Juvenil

En el marco de la justicia juvenil, Guatemala vive una situación de debilidad en el desarrollo de políticas públicas en justicia juvenil; muchas políticas públicas en general, no tienen seguimiento, presupuesto, ni medición de impacto y su cumplimiento fluctúa con cambios de gobierno, lo que coloca a muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad ante el crimen organizado.

Guatemala vive un momento desfavorable particularmente para adolescentes que transgreden la ley, porque existe un sentimiento de impunidad de parte de la población, además los medios de comunicación recurren a presentar la figura de los jóvenes para visibilizar más esta problemática, a veces de manera desproporcional.

Leyes sobre Justicia Juvenil en Guatemala

La ley principal en materia de Justicia Juvenil en Guatemala, es la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (LEPINA), aprobada en 2003, esta ley contiene la Convención de Derechos del Niño, aprobada y ratificada por el Estado de Guatemala en 1990.

Existe, entre otras, el Reglamento 42 del año 2007 de la Corte Suprema de Justicia, el cual trata sobre la regulación general de juzgados y tribunales con competencia en materia de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Adicionalmente, se han emitido diversos reglamentos que complementan la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Aplicación de la justicia juvenil en Guatemala

Existe un equipo de actores relacionados a la Justicia Juvenil en Guatemala, cada cual con responsabilidades y campo de acción bien delimitado.

La ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (LEPINA) es implementada a través de la Policía Nacional Civil, los juzgados especializados, la defensa pública; el Ministerio Público es quien tiene el monopolio de la persecución penal y; la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que es la responsable del cumplimiento de las sanciones a través de programas destinados a la educación e inserción del adolescente.

Fortalezas del marco legal

Aunque la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia todavía no se ha logrado implementar a cabalidad, existen importantes esfuerzos de  la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y otros actores para mejorar la coordinación interinstitucional,  logrando con esto hacer eficiente el acceso a la justicia.  En los dos últimos años se ha ampliado la cobertura de servicios a nivel departamental y municipal, lo que ha beneficiado al cumplimiento de la ley.

Buenas prácticas:

En el país existe una mesa de alto nivel interinstitucional que ha favorecido la comunicación y el desarrollo de acciones para la justicia juvenil.

Quizá el mayor logro ha sido la creación de más órganos jurisdiccionales y el desarrollo y expansión de servicios en todo el país por parte de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que en el 2013 creó 10 nuevos centros de atención para adolescentes en el interior del país.

La participación de organizaciones de la sociedad civil ha tenido un aporte positivo en brindar servicios de calidad en los casos en donde la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia no alcanza a cubrir todos los servicios que los jóvenes que han transgredido la ley requieren.