Fundamentación Jurídica de las sentencias a menores en Centroamérica
Motivaciones de las sentencias en la Justicia Juvenil en Guatemala

En el ordenamiento jurídico guatemalteco, el Código Procesal Penal en su artículo 11 Bis, establece claramente que “Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión, su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes, no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal”

Asimismo, el artículo 389 del mismo cuerpo legal establece los requisitos de la sentencia y dicho artículo en su numeral “3” establece como uno de ellos “Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o absolver”. Es importante recordar que de conformidad al artículo 141 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA) el Código Procesal Penal se aplica supletoriamente a todo el Proceso de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

En el mismo sentido, la LPINA establece que la sentencia dictada dentro del Proceso de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal tiene, entre otros, como requisitos “El razonamiento y la decisión del juez sobre cada una de las cuestiones planteadas durante la audiencia final, con exposición expresa de los motivos de hecho y de derecho en que se basa” (literal “c”) y “La determinación clara, precisa y fundamentada de la sanción impuesta…” (literal “f”).

En torno al tema, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha realizado diversos pronunciamientos (Sentencia expediente 2628-2006; Sentencia expediente 1719-2011; Sentencia expediente 4724-2011 lo cual complementa y aclara lo expresado tanto en el Código Procesal Penal y la LPINA.

Resulta interesante lo expresado por la CC en la sentencia dentro del expediente 2628-2006 de fecha 7 de marzo de 2007 en cuanto a que:
“[…] es evidente que resulta inútil garantizar a las partes el derecho de alegar, proponer pruebas, rebatir los alegatos y controlar la prueba de la contraparte, si el tribunal, al tomar su decisión, no valora ni atiende los argumentos y elementos de convicción aportados al proceso por aquéllas. En ese sentido, la única manera de determinar si efectivamente el tribunal ha tomado en cuenta tales cuestiones es mediante la fundamentación de su decisión, la que ha de ser formulada de manera que sea factible apreciar los motivos por los cuales aquél ha arribado a determinadas conclusiones sobre la base, precisamente, de los argumentos y pruebas incorporados al proceso. Por medio de la debida fundamentación de las decisiones jurisdiccionales, se garantiza el acceso a la tutela judicial, pues las partes intervinientes en la causa pueden conocer los motivos reales por los cuales su pretensión ha sido acogida o no, apreciar con plenitud qué circunstancias y elementos de hecho y de derecho ha tenido en cuenta el tribunal al juzgar el caso concreto, percibir si sus alegaciones han sido o no estimadas y advertir qué valor ha sido conferido a los distintos elementos de prueba propuestos. Asimismo, la motivación de los fallos garantiza el derecho a recurrirlos, puesto que, sólo en virtud de ésta, el interesado estará en posibilidades de determinar contra qué criterios o conceptos debe dirigir su impugnación…”

El Código Procesal Penal (que se aplica supletoriamente) es claro en cuanto a que una resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal, lo cual aplica para las sentencias en la justicia penal juvenil.

Asimismo, y sumado a lo anterior, la misma LPINA, a diferencia del proceso penal de adultos, también obliga al juzgador a que se asista de personal multidisciplinario (pedagogos, psicólogos y trabajadores sociales) para determinar la sanción adecuada para adolescentes, lo cual también deberá ser claramente motivado en la sentencia respectiva.

Motivaciones de las sentencias en la Justicia Juvenil en El Salvador

En la Constitución de la República de El Salvador no existe un artículo que establezca explícitamente el deber de los jueces de motivar sus sentencias, sin embargo, vía interpretación, se puede deducir a partir del principio de seguridad jurídica (Art. 1 Constitución de la República de El Salvador).

Por otra parte, la Ley Penal Juvenil establece la necesidad de motivación en diferentes artículos; Tapia-Parreño (2005) hace referencia a los siguientes:
• Para cumplir el objetivo del proceso penal juvenil: Fundamentación de las actuaciones procesales en general para lograr la función educativa del proceso (Art. 5 literal g Ley Penal Juvenil).
• Para establecimiento de la medida: distinta a la recomendada por el equipo de especialistas (Art. 32 inciso 3° Ley Penal Juvenil).
• Posibilidad de control jurisdiccional: Si bien esto no lo menciona claramente Tapia-Parreño (2005), es una de las causas que se suelen invocar. La Ley Penal Juvenil regula tres tipos de recursos: revocatoria, la apelación especial y la revisión.

El recurso de apelación especial contra resolución definitiva “deberá fundamentarse en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal” (Art. 104 inciso 1° Ley Penal Juvenil).

Si bien en materia penal juvenil, no se encuentra regulado el recurso de casación; la causal antes relacionada recuerda los normalmente regulados por este recurso, el cual consiste en un control objetivo de la legalidad.

El artículo 104 de la Ley Penal Juvenil excluye las valoraciones de base fáctica, como lo es la valoración de la prueba (error in iudicando), lo que no sucede en la jurisdicción penal de adultos (Art. 400 Código Procesal Penal). Si bien el artículo es norma expresa, la siguiente sentencia de la Cámara Primera de Menores de San Salvador da cuenta de la disconformidad que existe al respecto.

La apelación, que a continuación se refiere, señala la imposibilidad de conocer por error in iudicando es la 45-02-97-A de dos de julio de 1997. El defensor alegó errónea aplicación de la sana crítica y por tanto de la ley (Art. 33 Ley Penal Juvenil) y eso impidió que se declarara la legítima defensa. Al respecto la Cámara señaló:
Cuando se recurre reclamando errónea aplicación de ley sustantiva, como sucede en el caso sub júdice, quien lo hace debe limitarse con la base fáctica contenida en la resolución y alegar respecto de aquella el contenido y alcance que le corresponde desde el punto de vista jurídico doctrinal, y no cuestionar la valoración de la prueba como aquí se hace, porque matizar una y otra cosa convertiría al recurso de apelación especial de la resolución definitiva en un recurso de apelación simple que no es precisamente su cometido. En efecto, por medio del recurso de apelación únicamente se puede intentar una valoración jurídica del material fáctico considerado en la resolución, no así a través del recurso de apelación “tradicional” que provoca un nuevo examen del caso por parte del ad-quem, tanto bajo el aspecto fáctico como bajo el jurídico, la apelación especial sólo admite la posibilidad de que el tribunal de alzada realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, es decir, una revisión jurídica de la resolución definitiva (citado por Campos-Ventura, 2002, 47).

Para precisar mejor la anterior limitación, se debe diferenciar entre los niveles de la motivación que recoge Taruffo (2006). Desde una perspectiva jurídica - como voluntad del juez en la terminología del autor- de la motivación, lo que debe ser justificado son: las relaciones lógicas entre cada uno de los enunciados (primer nivel de la justificación), y el contenido de los enunciados (segundo nivel de la justificación).

Esquema de los dos niveles de justificación


Fuente: Taruffo, 2006, 244.
Donde los enunciados son H= hechos, N= normas individualizadas y aplicables, C1= calificación de los hechos y C2 = declaración de los efectos.


La Cámara señala que es posible analizar las relaciones de implicancia entre los hechos (H) y las normas (N)) y viceversa, pero no de la manera en que se han establecido los hechos (j (H)), es decir, plantea una limitación en el segundo nivel de la justificación.

Los criterios y directrices con que se forman cada uno de los enunciados en el segundo nivel de justificación varían de acuerdo con su naturaleza, en el caso de los hechos se trata de la valoración de la prueba a través de las máximas de experiencia.

Los criterios que se pueden aplicar acá pueden ser tipo cognoscitivo, es decir, que pretendan establecer lo verdadero y de tipo valorativo, por ejemplo al realizar la calificación jurídica del hecho. Según Taruffo (2006): “Cuando ciertos hechos no son notorios, el sentido común tiende a construir máximas…cuyo carácter valorativo…aumenta en la medida en que se aleja de la existencia empírica de dichos hechos” (p. 222).

Finalmente debe considerarse el tiempo disponible para emitir la resolución final:
El menor tendrá derecho a decir la última palabra, e inmediatamente después el Juez deberá declarar finalizada la vista de la causa y dictará la resolución definitiva en la misma audiencia. Excepcionalmente, cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la resolución definitiva, en este caso el Juez leerá tan solo su parte dispositiva y relatará sintéticamente los fundamentos que motivaron la decisión; asimismo, anunciará día y hora de la audiencia para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva (Art. 93 Ley Penal Juvenil).

Motivaciones de las sentencias en la Justicia Juvenil en Panamá

La fundamentación jurídica de las sentencias en la justicia penal de adolescentes en Panamá, se basa en la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, la cual crea el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia (RERPA).

El RERPA está constituido por un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre doce (12) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.

La Ley 40/99 fue concebida basándose en los principios que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento de derechos humanos que protege la condición jurídica de las personas menores de edad. Los derechos que establece la Convención, no deben visualizarse solamente como beneficios o privilegios, sino como elementos que regulan el estatus de la persona. Es por ello que el concepto de responsabilidad penal está incluido dentro del trato justo que corresponde a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Si bien es cierto que la Ley 40/99 determina una “responsabilidad”, esta no es igual a la de los adultos, dado el carácter especial conferido por los principios protectores de la Convención, los cuales constituyen una plataforma sobre la cual puede intervenir la justicia.

Dicha Ley, además de contener conceptos básicos, establecer derechos y garantías penales, determinar autoridades judiciales especializadas y entes administrativos con competencias específicas, establece también un procedimiento especial, una diversidad de sanciones (que van desde medidas socio-educativas hasta la privación de libertad) y procedimientos para la transición desde el sistema previo a la Ley 40/99.

La Ley 40/99 ha sido objeto de siete reformas legislativas (Ley 38 de 2000, Ley 46 de 2003, Ley 48 de 2004, Ley 15 de 2007, Ley 6 de 2010, Ley 32 de 2010 y Ley 87 de 2010), algunas de las cuales han aumentado las sanciones privativas de libertad y disminuido la edad de imputabilidad. Esto ha obedecido a diferentes políticas estatales de “mano dura”, cuyo objetivo ha sido complacer a la opinión pública, ante la percepción de un supuesto incremento en la criminalidad juvenil.

Cabe destacar que estas modificaciones han sido implementadas sin un aval científico serio y sin calcular su impacto en materia de derechos humanos, lo que ha provocado reacciones por parte de organizaciones de protección a la infancia y de derechos humanos.

Una de las garantías procesales consiste en la obligatoriedad, por parte del Tribunal, de sustentar y motivar sus decisiones a través de la sentencia, a fin de permitir a las partes conocer las razones de la culpabilidad o de la condena, incluyendo la apreciación del Juez con respecto a los hechos y a los medios de prueba, además de la interpretación concreta de la norma violada.

La Convención indica que la privación de libertad (detención o encarcelamiento) de las personas menores de edad en un Centro sólo es asimilable a la protección integral cuando se aplica de acuerdo a los criterios establecidos en la Constitución y en las leyes y se utiliza sólo como una “medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda”.

En Panamá, la Ley 40/99, en su artículo 137, establece el carácter excepcional de las sanciones privativas de libertad y sus modalidades, indicando que “sólo deberá aplicarse cuando no sea posible aplicar ninguna otra medida” y que “el juez penal de adolescentes deberá fundamentar su decisión de imponer una sanción privativa de libertad en la sentencia”.

La privación de libertad tiene las siguientes modalidades: la detención domiciliaria, el régimen de semilibertad y la reclusión en un centro de cumplimiento.
Los delitos que, según la Ley 40/99, se sancionan con prisión en un centro de cumplimiento, así como la duración de las penas son los siguientes (art. 140):
1. El homicidio agravado, con una duración mínima de seis años a una máxima de doce años.
2. El homicidio doloso, secuestro agravado y el terrorismo, con una duración mínima de cinco años a una máxima de diez años.
3. La violación sexual, el tráfico ilícito de drogas, y el secuestro, con una duración mínima de cuatro años a una máxima de nueve años.
4. Las formas agravadas de robo y el comercio de armas ilícitas, con una duración mínima de tres años a una máxima de seis años.
5. El robo, las lesiones personales dolosas con resultado muerte, la extorsión, las formas agravadas de la asociación ilícita, la constitución y formación de pandillas y la posesión agravada de armas de fuego, con una duración mínima de dos años a una máxima de cuatro años.
6. La asociación ilícita, posesión simple de armas de fuego, las lesiones personales gravísimas y la venta y posesión agravada de drogas, con una duración de un año a una máxima de tres años.

Con respecto a las sanciones alternativas (art. 141), en los delitos no mencionados en el párrafo anterior, el Juez de Adolescentes impondrá las sanciones socioeducativas, la participación obligatoria en programas de asistencia y orientación, la prestación de servicios sociales y las órdenes de orientación y supervisión. En caso de incumplimiento de estas sanciones, por razones imputables al sancionado, el Juez de Cumplimiento las reemplazará por sanción de prisión con una duración máxima hasta de ocho meses.
Por otra parte, el Juez de Cumplimiento podrá ordenar, previa opinión del fiscal, la suspensión condicional de la sanción privativa de libertad por el resto del término, cuando la situación del sancionado reúna las siguientes características:
1. Ha cumplido la mitad de la sanción.
2. Ha observado buena conducta según informe de las autoridades correspondientes del Centro de Cumplimiento.
3. Ha recibido el concepto favorable del equipo de especialistas en cuanto a la resocialización.

Si durante la suspensión condicional de la medida de privación de libertad el adolescente comete un nuevo delito, se revocará la suspensión condicional y cumplirá la sanción impuesta en la sentencia.

Análisis del Contexto general en los tres países

La falta de control sobre la valoración de la prueba, lo escueto de la sentencia y el poco tiempo disponible para emitir la decisión son factores que pueden promover una restricción indebida de derechos, particularmente si se considera que los factores valorativos suelen estar relacionados a planteamientos ideológicos del contexto político. Por lo que en un país, de una democracia de baja intensidad como suelen ser las de América Latina (Artiga, 2007) se podría esperar que incentivos como estos faciliten la represión.

Por otra parte, la falta de “necesidad” de fundamentar la valoración de la prueba puede conducir a un estilo de sentencias donde predominen los aspectos lógicos de la misma, lo que a su vez promueve estabilidad de las resoluciones y dificulta la adaptación de las decisiones a las condiciones cambiantes de la realidad.

La obligación de fundamentar la sentencia es a su vez un resguardo del debido proceso legal establecido en la normativa interna e internacional. Cada vez que los jueces fundamentan sus sentencias crean un derecho más enriquecido, que permite ampliar el accionar social, dando señales claras de las expectativas recíprocas que se esperan al interior de la sociedad.

La motivación de las sentencias, como todas las resoluciones judiciales, es el instrumento al alcance de las partes procesales –y de la sociedad en general- para verificar el fundamento racional, ajeno a toda arbitrariedad, de la decisión asumida. Es así como el deber de motivación configura una verdadera exigencia de orden constitucional que todos los jueces, cualquiera que sea su categoría o competencia (incluyendo claramente a Jueces de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal), habrán de satisfacer a efecto de posibilitar la apreciación de las razones que le han impulsado a dictar su fallo, haciendo factible, a la postre, la labor de control que pueda instarse por vía de las impugnaciones que procedan, Cordón Aguilar (2012).

La justicia penal de adolescentes está revestida de varios principios fundamentales de observancia imperativa, en primer lugar para minimizar los efectos negativos que pueda causar el propio procedimiento penal, así como las medidas y sanciones impuestas, a las y los adolescentes, teniendo en cuenta que son personas que están en pleno desarrollo y que aún no tienen la madurez física y psicológica que tiene una persona adulta. En segundo lugar, dichos principios deben garantizar que el proceso sea eminentemente socioeducativo, no retributivo y logre restaurar los lazos familiares y sociales que han sido rotos.

En relación a lo anterior, la fundamentación jurídica de las sentencias dictadas para adolescentes en conflicto con la ley penal deben siempre respetar los principios de interés superior, mínima intervención, mínima afectación y socioeducativo. Solo de esa forma se pueden disminuir los efectos negativos del proceso penal, garantizar el respeto a los derechos humanos de adolescentes y los fines del proceso.

En conclusión, la no motivación de sentencias para adolescentes, además de ser una clara arbitrariedad, lo cual supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, es una violación al derecho a la tutela judicial del que gozan las y los adolescentes sujetos a procesos penales.



Referencias bibliográficas

Artiga, A. (2007). Gobernabilidad y Democracia en El Salvador. San Salvador: UCA editores-PNUD.

Campos-Ventura, O. (2002). Síntesis de Resoluciones de Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro 1996- 2001. San Salvador: FESPAD ediciones.

Cordón Aguilar, Julio César (2012). Motivación Judicial: Exigencia constitucional. Revista INFOCC, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Año 2, No. 6. Guatemala. P. 4 y 6.
Taruffo, M. (2006). La motivación de la sentencia civil. Lorenzo Córdova Vianello, trad. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tiffer, C., Llobet, J. y Dünkel, F. (2014). Derecho Penal Juvenil. Segunda edición. San José: Editorial Jurídica Continental.

Zuleta, Hugo. La fundamentación de las sentencias judiciales: una crítica a la teoría deductivista. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho ISONOMÍA. No. 23. México, 2005. P.59.