El Salvador
En El Salvador, la seguridad pública ha sido un aspecto importante que permite evaluar la democracia del país. Durante el período de la guerra, el poder punitivo del estado fue utilizado para reprimir a sectores de la población. De ahí que la reforma del sistema de justicia estuvo fuertemente marcada por el énfasis en los derechos humanos. Lo anterior se refleja en la importancia que tuvo la desmilitarización de la seguridad pública en los Acuerdos de Paz.

La protección de los derechos fundamentales y el derecho penal se encontraron en la búsqueda de un proceso penal democrático, por ello El Salvador emitió en 1998 un nuevo Código Procesal Penal y Código Penal (1998). La legislación penal juvenil siguió un proceso paralelo pero más vinculado a la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Durante la década de los noventas, adicionalmente se comenzaban a transformar las pandillas juveniles en una escalada de organización y violencia. Considerándose como uno de los principales problemas de la criminalidad en el país. La respuesta estatal fue producción de legislación penal especializada más represiva. Al respecto puede citarse a la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (1997), Ley Antimaras (1994), así como una serie de modificaciones al Código Penal y Procesal Penal. Al punto que en 2010 se emitió un nuevo Código Procesal Penal.

Contra esta respuesta estatal se activó la jurisdicción constitucional, como un mecanismo contramayoritario para garantizar los derechos fundamentales base de la democracia. Por ejemplo, a través de la Inconstitucionalidad 15-1996 del 14 de febrero de 1997 se impugnaba el artículo 22 por violentar los artículos 3 y 35 de la Constitución, debido a que la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado suspendía temporalmente la legislación especial de los jóvenes en conflicto con la ley, aplicándoles la legislación de adultos.

Una modalidad similar se utilizó en la Ley Antimaras, declarada inconstitucional por la sentencia del proceso 52-2003 de fecha 1 de abril de 2004. Dicha normativa establecía un proceso distinto si el delito era cometido por maras (pandillas), como una medida ejemplificante. Esto fue considerado como atentatorio a la dignidad humana, fin último del Estado conforme al artículo 1 de la Constitución.

Sin embargo, uno de los motivos más frecuentes de inconstitucionalidad ha sido por violaciones al principio de legalidad y entre éstas, el uso de tipos abiertos, como agrupaciones ilícitas, la falta de sanción especial de los actores preparatorios o falta de especificación de las penas (Inc. 15-1996 14/02/1996, Inc. 52-2003 01/04/2004).

El tipo penal más aplicado en el caso de las pandillas son las asociaciones ilícitas. La versión del Código Penal de 1998, regulaba a las asociaciones ilícitas con una pena de 1 a 3 años. Sin embargo, en el litigio dado que la conducta era “tomar parte en una agrupación, organización o asociación que tuviere por objeto cometer delitos”, se controvertía el establecimiento de la existencia de tal agrupación, organización o asociación.

Lo anterior desencadenó una reforma al Art. 345 Código Penal, el 24 de octubre de 2003. Se eliminaron las palabras “agrupación, organización o asociación” y se limitó a establecer “dos o más personas que se reúnen u organicen para realizar conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer delitos”.

Adicionalmente se aumentó la pena de 3 a 8 años, es decir, se volvió un delito grave, requisito para fundamentar la prisión preventiva.

Estas modificaciones a la legislación penal general son importantes porque muestran las principales respuestas estatales a las pandillas, identificadas al menos en parte, con la justicia juvenil. Además debe considerarse que la legislación penal juvenil es de tipo procesal y de ejecución de medidas, por lo que el Código Penal es normativa relevante en juvenil.

A diferencia del Código Penal y Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil ha sufrido pocas reformas. Sin embargo en abril de 2010 se hizo una modificación importante de la duración de las medidas, aumentando el máximo de las penas para los adolescentes que hubieren cumplido 16 años, para los que se estableció una regla general que establece la mitad del mínimo y máximo de la pena de adultos hasta un máximo de 7 años, con una excepción de hasta 15 años en los siguientes delitos sin que llegue a superar las penas de la jurisdicción adultos:
• Homicidio simple
• Homicidio agravado y proposición y conspiración
• Extorsión y proposición y conspiración
• Secuestro y proposición y conspiración
• Violación en menor o incapaz y su forma agravada
• Agresión sexual en menor e incapaz y su forma agravada
• Robo agravado y proposición y conspiración

Puntos débiles en la Justicia Juvenil

A efectos de establecer un punto de comparación para identificar áreas de mejora en la justicia juvenil se hace referencia a la Observación General N° 10 (2007) de la Comisión de los Derechos del Niño, que se pronuncia sobre los derechos del niño en la justicia de menores brindando directrices a fin de promover que los Estados partes establezcan una política general de justicia de menores.

Según la Observación los principios de una política general de justicia de menores deben contar con los siguientes principios:
No discriminación: particularmente a las disparidades de hecho que afectan a los grupos vulnerables y para acceder a la educación o al trabajo.
Interés superior: lo que supone diferenciar el trato de los jóvenes en conflicto con la justicia de adultos, pues aquellos tienen menor culpabilidad.
El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: que deben inspirar a los programas de prevención de delincuencia juvenil.
El respeto a la opinión del niño: lo que supone que pueda expresar su opinión libremente en el sistema de justicia.Dignidad: como un conjunto de principios fundamentales relativos al trato de los niños en conflicto con la justicia.

Respecto de los principios generales y a partir de la contextualización realizada se pueden identificar que algunas respuestas estatales riñen con los principios. En general, dada la asociación de las pandillas a los jóvenes en conflicto con la ley se ha dado un enfoque predominantemente represivo, pues se ha tratado de suspender o afectar la jurisdicción especial en materia juvenil, establecer tipos abierto, se han aumentado las penas y reformado las leyes para aumentar los casos donde se aplica una medida de prisión preventiva.

Frente a esta problemática en 2010 el Comité de los Derechos del Niño emitió las observaciones finales sobre el informe presentado por El Salvador, de conformidad con el artículo 44 de la Convención (el quinto y sexto informe periódico deben ser presentados el 1° de marzo de 2016).

Sobre la administración de justicia se señaló (Comité, 2010, 23):
• La falta de un sistema de justicia juvenil acorde con la Convención;
• El enfoque represivo adoptado hasta la fecha por el Estado parte hacia la delincuencia juvenil, en particular contra las maras, y el consiguiente aumento del uso de la privación de libertad para los niños;
• La grave falta de medidas alternativas a la privación de libertad;
• La falta de formación sistemática para policías, jueces y fiscales sobre la Convención, y en particular sobre las normas de la justicia juvenil;
• El limitado acceso a la educación de los niños privados de libertad;
• La información en que se denuncia que al menos cinco adolescentes murieron en 2009 en centros de rehabilitación para niños privados de libertad.

Leyes sobre justicia juvenil en El Salvador

El sistema de justicia juvenil es parte de un entramado de organizaciones y regulaciones sobre niñez y adolescencia introducido efectivamente en la legislación y las políticas públicas nacionales a través de la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) en 1990, por lo que además se debe mencionar la normativa nacional referida a la protección.

En El Salvador, la CDN se ha implementado en dos fases, la primera a través de la legislación producida a principios de los años noventa, de implementación judicial, específicamente en materia de familia, orientada a la protección de derechos (Código de Familia y Ley Procesal de Familia), y la referida al proceso y medidas penales (ahora Ley Penal Juvenil y Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Sometido a la Ley Penal Juvenil).

La segunda fase establece una especialización en la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, a través la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2004) la cual trata de concretar los derechos fundamentales particularmente los sociales, económicos y culturales cuya vigencia sigue siendo altamente dependiente de las políticas sociales del Estado.

Aplicación de la justicia juvenil en El Salvador

La legislación de la justicia juvenil es aplicada por varios actores. Las labores de promoción de la acción penal son ejercidas por la Fiscalía General de la República, quien cuenta con una unidad especializada en la materia.

La investigación del delito la realiza la Policía Nacional Civil –institución fruto de los Acuerdos de Paz- bajo la dirección funcional de la Fiscalía.

Los jóvenes en conflicto con la ley pueden ser asistidos desde las diligencias administrativas por defensores públicos de la Procuraduría General de la República. Adicionalmente se establece la posibilidad de control por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la detención de los jóvenes.

El proceso penal juvenil es tramitado en jurisdicción especializada por mandato constitucional (Art. 35 Constitución). A diferencia de la jurisdicción de adultos, todo el proceso –instrucción y juicio- es tramitado ante el mismo juez, que es asistido por un equipo multidisciplinario.

Las medidas se encuentran bajo la supervisión también de un juez especializado. En el caso de los delitos menos graves, la supervisión se realiza a través del equipo multidisciplinario del juzgado, mientras que los casos más graves son remitidos al Instituto Salvadoreño de Niñez y Adolescencia, que administra tanto los centros de resguardo (detención administrativa) y los centros de inserción social (cumplimiento de medida de internamiento).

Fortalezas del marco legal

La principal fortaleza del marco legal existente es que fue creado a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que la misma responde a sus criterios.

Adicionalmente la Ley Penal Juvenil fue establecida desde 1993 por lo que los operadores del sistema de justicia cuentan con más de 20 años de experiencia. De igual forma, la jurisdicción juvenil se encuentra inmersa en la experiencia de litigio oral que se ha promovido en el país, particularmente desde la entrada en vigencia de los códigos de 1998.

Si bien las respuestas de política pública del estado en materia de seguridad han tendido (se han orientado) a la represión y militarización, respecto de la normativa y el control de constitucionalidad, los principales pilares normativos de protección los constituyen el establecimiento de la jurisdicción especializada en el artículo 35, así como el establecimiento de los fines de la pena en el artículo 27, ambos de la Constitución.

Buenas prácticas

La práctica fundamental en materia de justicia juvenil es el control de constitucionalidad tanto difuso como concentrado, de los jueces y de la Sala de lo Constitucional lo que ha permitido disminuir la represión en las políticas públicas de seguridad.

Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional declaró que el artículo 80 inciso final de la Ley Penal Juvenil era inconstitucional porque permitía la relación de la audiencia preparatoria sin la presencia de algunas de las partes (Inc. 90-2010 de 22 de enero de 2014). Este tipo de prácticas es fundamental para asegurar el debido proceso.

Por otra parte, con la aprobación de la LEPINA se ha establecido un nuevo impulso para mejorar no sólo las áreas de protección de la niñez y la adolescencia, sino de mejorar las condiciones de resguardo e inserción social de los jóvenes en conflicto con la ley a través de acciones como las del Programa Marco de Atención a Adolescentes y Jóvenes con responsabilidad Penal Juvenil del Instituto Salvadoreño de Niñez y Adolescencia, ISNA.

Referencias bibliográficas
Comité de los Derechos del Niño (2007). Observación General N° 10 (2007). Los derechos del niño en la justicia menores. Ginebra, 25 de abril de 2007.

Comité de los Derechos del Niño (2010). Examen del os informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 44 de la Convención. Observaciones finales: El Salvador. 17 de febrero de 2010.