Costa Rica

Costa Rica se presenta como un país democrático, estable, que históricamente se ha preocupado por generar políticas y una solidez institucional en procura del desarrollo de la niñez y de la población adulta joven económicamente activa.

De conformidad con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- basados en el X Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, para el año 2011 la población de Costa Rica era de 4,3 millones de habitantes de los cuales el 30,4%, eran menores de 18 años. En relación con lo anterior, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y privados refiere que, según la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes, para el año 2013 la población joven costarricense entre los 15 y los 35 años representaba un 42,3% de la población total, lo que indica su importante representatividad como recurso humano potencial para cubrir la demanda laboral.[1]

Por su parte, indicadores socioeconómicos del país lo ubican como de alto desarrollo humano y reflejan estabilidad para la niñez y jóvenes. Para el año 2009 se tenían los siguientes indicadores de Derechos Humanos -D.H: a) tasa de mortalidad de menores de 5 años de 11 por cada 1000 habitantes; b) tasa de mortalidad de menores de 1 año de 10 por cada 1000 habitantes; c) tasa de mortalidad neonatal de 6 por cada 1000 nacidos vivos; d) expectativa de vida al nacer de 79 años; tasa total de alfabetización de 96% de mayores de 15 años, y e) tasa de alfabetización de la enseñanza primaria de 92%[2], con un ingreso nacional bruto per cápita de 6.260 dólares de los Estados Unidos, lo que implica un desarrollo importante en procura de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sin embargo, en los últimos años el país ha afrontado dificultades para mantener su ritmo de progreso social, lo que puede observarse en la desigualdad en la distribución del ingreso que genera el ensanchamiento de brechas sociales.

Según UNICEF, para el año 2009 la concentración de ingresos muestra que los hogares del quintil más pobre habían recibido el 5% de los ingresos, mientras que en el quintil más rico se concentra el 50,4%; que la disminución de las brechas sociales y regionales sigue siendo uno de los principales desafíos, tal como lo indica el informe de estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2010; que las poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes se concentran en las zonas con los índices más bajos de desarrollo humano; que en 2011, el 21,6% (201.810) de los hogares estaban en condición de pobreza y 6,4% (85.557) de estos, en pobreza extrema; que en 2009, un 13,4% de los hogares no incluidos en la categoría de pobreza se encuentran en condición de vulnerabilidad ante ella, lo que significa que cerca de un 35% de los hogares tendrían problemas para satisfacer sus necesidades básicas; que la pobreza afectó a 1 de cada 3 personas menores de edad en 2011 (481.764 se encontraban en condición de pobreza, un 35,94% del total. De ellos 150.954 -11,26%- se encontraban en pobreza extrema) indicador que iría en aumento. Asimismo, que el aumento de la pobreza ha sido contenido por algunos programas sociales de efecto positivo, como el programa de transferencias Avancemos, las ayudas sociales y la mejora en las pensiones del régimen no contributivo. No obstante, los esfuerzos gubernamentales de los últimos años en materia de cuidado y desarrollo infantil, la oferta de soluciones estatales de atención integral no alcanza los niveles de cobertura requeridos por la población de 0 a 5 años, que en 2011 era de 405.701 niños y niñas[3].

Lo anterior demuestra que en la actualidad se presentan desafíos sociales que deben ser abordados de manera integral e interinstitucionalmente ya que las causas que los originan impactan directamente en la niñez y población joven.

Por su parte, el Poder Judicial desarrolla sus programas y políticas institucionales de justicia penal juvenil restaurativa[4] en procura de la inserción integral –familiar y social– de la persona menor de edad en conflicto con la ley, sobre la base de la normativa internacional en materia de Derechos Humanos de la Niñez, por medio de la adquisición de herramientas que le permitan la construcción de un modelo de vida; siendo secundarios los fines retributivos, propios de la justicia penal juvenil.

Lo anterior es relevante dado que el Estado costarricense se encuentra comprometido con el abordaje integral u holístico de la implementación de la justicia penal juvenil restaurativa que incluya a todos los involucrados en la infracción de la ley penal juvenil, en la obtención de una solución integral del conflicto.

Leyes sobre justicia juvenil en Costa Rica

Independientemente de la adopción del bloque de convencionalidad y de legalidad en materia de derechos humanos y de la niñez, pueden destacarse las siguientes:

Disposiciones normativas:

• Convención sobre los Derechos del Niño –1989–;

• Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores –Beijing, 1985–;

• Directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –Riad, 1990–;

• Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad;

• Reglas para la Protección de los Menores de Edad Privados de Libertad –Habana, 1990–;

• Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7576;

• Código de la Niñez y de la Adolescencia, Ley No. 7739

• Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, No. 8460;

Disposiciones institucionales:

Del Poder Judicial:

• Reglas Prácticas para reducir la victimización de las personas menores de edad en los procesos judiciales. Aprobado en sesión 28-002 de la Corte Suprema de Justicia.

• Acuerdos en procura del fortalecimiento de la jurisdicción penal juvenil. Adoptados en Sesión 09-06 de la Corte Suprema de Justicia.

• Reglas Prácticas para facilitar el Acceso a la Justicia de las Poblaciones Indígenas. Adoptadas en sesión 77-08 del Consejo Superior del Poder Judicial.

• Principios de la Política Institucional de Acceso a la Justicia de las Personas Migrantes y Refugiadas. Adoptadas en sesión 32-10-10 de la Corte Suprema de Justicia.

• Directrices para Reducir la Revictimización de las Personas en Condición de Discapacidad en Procesos Judiciales, adoptadas en sesión 31-10 de la Corte Suprema de Justicia.

• Manual de Procedimiento y Fluxogramas Relacionados con la Aplicación de las Audiencias Tempranas en materia Penal Juvenil, adoptado en sesión 55-12 del Consejo Superior del Poder Judicial.

• Política Institucional del Acceso a la Justicia de las Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica; aprobada por la Corte Suprema de Justicia en sesión 34-10, noviembre de 2010.

• Política Institucional del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidas a Proceso Penal Juvenil en Costa Rica, realizada por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ) y la Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial; adoptada en sesión 4-2011 de la Corte Suprema de Justicia.

Del Ministerio Público:

• Directriz de la Fiscalía General de Aprobación del documento “La Uniformación de Política de Persecución Penal en Materia Penal Juvenil”. Circular 07-2004. Ministerio Público.

• Aprobación del Manual de Controles y Procedimientos. Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, año 2004.
• Manual de Ejecución Penal Juvenil. Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, año 2005.
• Acuerdo de Reiteración y Adición a lo Dispuesto en Circular 07-2004 (Circular 11-ADM-2010, Jefatura del Ministerio Público).Acuerdo de Reiteración y Adición a lo Dispuesto en Circular 07-2004 (Circular 11-ADM-2010, Jefatura del Ministerio Público).

Aplicación de la Justicia Juvenil en Costa Rica

Dentro de las prácticas legales que se aplican en materia penal juvenil destacan las siguientes:

Las Políticas del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad sometidos al Proceso Penal Juvenil, aprobadas en la sesión No. 4-11 de la Corte Plena, celebrada el 14 de febrero de 2011, Artículo XV.

El citado marco de referencia se refiere a la formulación de una política institucional del Poder Judicial relacionado con el acceso a la justicia y propuestas concretas para su implementación dirigidas a las personas menores de edad sometidas al proceso penal juvenil. 

Estas políticas institucionales desarrollan los siguientes ejes[5]:

1. Plan de Acción para la Implementación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas Menores de Edad en Conflicto con la Ley Penal Juvenil. 

• Sensibilización de las y los funcionarios judiciales en cuanto a la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil.
• Aplicación de medidas procesales idóneas respecto a las personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo penal juvenil.
• Uso de medios alternativos de resolución de conflictos, de soluciones alternativas y de sanciones alternativas distintas a la privación de libertad.
• Implementación de una adecuada organización y gestión judicial en el campo penal juvenil.
• Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica.
• Sensibilizar a las y los funcionarios judiciales en cuanto a la Defensa de Derechos Fundamentales de las personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil.
• Aplicar medidas procesales idóneas relacionadas con las personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil.
• Estimular un mayor uso de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, de Soluciones Alternativas y de Sanciones Alternativas distintas a la Sanción Privativa de Libertad en los asuntos Penales Juveniles.
• Implementar una adecuada Organización y Gestión Judicial en el campo Penal Juvenil.

2. Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica. 

• Sensibilizar a las y los funcionarios judiciales en cuanto a la Defensa de Derechos Fundamentales de las personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil.

• Aplicar medidas procesales idóneas relacionadas con las personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil.

• Estimular un mayor uso de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, de Soluciones Alternativas y de Sanciones Alternativas distintas a la Sanción Privativa de Libertad en los asuntos Penales Juveniles.

• Implementar una adecuada Organización y Gestión Judicial en el campo Penal Juvenil.

3. Reglas Prácticas para Reducir la Revictimización de las Personas Menores de edad en los procesos Penales.

• Prontitud del proceso e Interés Superior del Niño.

    • Privacidad de la diligencia judicial y auxilio pericial.
    • Derecho de información.
    • Consentimiento de la víctima.
    • Forma del interrogatorio.
    • Procedencia de preguntas y entrevistas.
    • Condiciones de la entrevista.
    • Asistencia profesional especializada.
    • Acondicionamiento del espacio físico.
    • Declaración del niño, niña o adolescente.
    • Derecho a la imagen.
    • Derecho a la confidencialidad.
    • Anticipo jurisdiccional de prueba.
    • Capacitación del personal.
    • Tiempo de espera.
    • Referencia técnica en casos de abuso sexual.
    • Personas menores de edad testigos en delitos.
    • Valoraciones corporales en delitos sexuales.
    • Acompañamiento en pericias corporales.
    • Preguntas y transcripción de la valoración pericial.
    • Participación en el peritaje.
    • Condiciones del debate.
    • Identificación de Expedientes.
    • Aplicación de directrices en los procedimientos policiales.

4. Guía práctica para la atención de recepción de denuncias de las víctimas de delitos sexuales, explotación sexual comercial y delitos derivados de la violencia intra familiar. Esta guía está dirigida al personal del Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial cuando deban atender y recibir denuncias en horas no hábiles.

El procedimiento consiste en el señalamiento de la audiencia y notificación de la misma a las partes una vez que el proceso ingresa al órgano jurisdiccional con la acusación formulada. Se procura que la audiencia sea señalada a la mayor brevedad considerando un tiempo prudencial para que la Oficina de Comunicaciones pueda citar a las partes.

El objetivo principal de dichas audiencias es cumplir el desarrollo del proceso penal juvenil cumpliendo el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida y el principio de justicia restaurativa. Lo anterior, por medio de la aplicación de la oralidad que permite el desarrollo del proceso con celeridad y flexibilidad. Se prioriza la aplicación de medidas alternas establecidas por ley (Suspensión Proceso a Prueba, regulado artículo 92, en concordancia 132 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, Conciliación (artículos 61 al 67 Ley de Justicia Penal Juvenil), y mínima intervención estatal. Las personas que intervienen en la audiencia son: jueza o juez, fiscala o fiscal, defensa técnica, parte acusada y parte ofendida.[7]

Asimismo, debe destacarse la Red de Apoyo Interinstitucional de justicia juvenil restaurativa, la cual se ha convertido en un modelo muy exitoso en Costa Rica que involucra tanto al Poder Judicial como a la sociedad y órganos de la Administración que por medio de un trabajo coordinado permiten a las y los adolescentes en conflicto con la ley la realización de proyectos de vida. Este tema será desarrollado en el apartado de buenas prácticas en la justicia penal juvenil.

Desafíos en la Justicia Juvenil en el contexto del país
El Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil para Costa Rica del año 2012, cuyo resumen corresponde al mes de agosto de 2013[8], expone como síntesis de los desafíos tanto para el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario, los siguientes[9]:

 Para el Poder Judicial: 

• Los efectos resultantes de la decisión tomada en 1996 de otorgarle competencia en la materia penal juvenil como recargo a juezas y jueces de Familia en la provincia.

• El hecho de que personal de materia penal juvenil –defensa, fiscalía y judicatura del Tribunal de Apelación de Sentencia– tenga como recargo la materia de adultos.

• Los problemas relacionados con la insuficiente capacitación a las personas que ejercen como juezas, fiscales, defensores, policías y las personas que laboran como profesionales en trabajo social.

 Para el Ministerio Público:

• Que la Política del Ministerio Público parta de la concepción de que la detención provisional procede aún en delitos con respecto de los cuales no se corresponde la sanción de internamiento, lo que resultaría cuestionable desde la perspectiva del principio de proporcionalidad.

• Las implicaciones que este posicionamiento tiene frente a los problemas actuales de hacinamiento carcelario.

Para el Sistema Penitenciario:

• El sistema ha enfrentado graves problemas relacionados con el incremento en la cantidad de personas jóvenes privadas de libertad y la consecuente demanda en términos de la mayor inversión requerida para su atención.

• Relacionado con lo anterior, el impacto negativo que para el buen desempeño de este sistema, tiene el gran deterioro identificado en las condiciones de privación de libertad, incluida la infraestructura, y • La falta de personal técnico en función del crecimiento de la población privada de libertad.

Asimismo, se citan como factores externos estructurales que afectan al sistema penal juvenil e inciden sobre el buen cumplimiento de la legislación vigente en esta materia, los siguientes:

• El aumento en la cantidad de homicidios por cien mil habitantes.

• El incremento en la cantidad de personas menores de edad identificadas policialmente como presuntas autoras de un homicidio.

• El aumento en los niveles de desigualdad que presenta el país desde las últimas décadas.

• Una cobertura mediática no libre de sesgos y enfoques simplistas sobre criminalidad, incluida la penal juvenil.

 Fortalezas del Sistema Jurídico Juvenil

El citado Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil para Costa Rica del año 2012[10], expone como síntesis de las fortalezas del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario, las siguientes[11]

 

Para el Poder Judicial:

• La existencia de una política para garantizar el acceso a la justicia de personas en estado de vulnerabilidad donde se incluye a las personas menores de edad en conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil.

• La voluntad expresada en diversos acuerdos, para el reforzamiento del principio de especialización de esta jurisdicción, con la finalidad de garantizar a las personas menores de edad que se enfrentan a ella, el resguardo y aplicación efectivo de sus derechos y garantías personales y procesales.

La existencia de una Comisión de Acceso a la Justicia Penal Juvenil comprometida en que se conozca la problemática que enfrenta la materia en Costa Rica para:

Discutir y plantear soluciones a todo lo que surja en detrimento de la materia misma, así como de los derechos y garantías de las partes en cada proceso;
Promover la creación y divulgación de políticas institucionales, campañas de publicidad y prevención del delito;
Impulsar avances, soluciones y cambios en la jurisdicción, por ejemplo, las reformas legales que resulten pertinentes;
Procurar la creación de circulares internas de la institución para aclarar o corregir las inconsistencias o situaciones de confusión o mal manejo procesal que se le pueda estar dando a la ley en su aplicación diaria en cada juzgado, ello con la finalidad de estandarizar conceptos y procedimientos en beneficio de la seguridad jurídica nacional, y
Dar seguimiento y velar porque se ejecuten los acuerdos de Corte Plena relacionados con la materia.

Para el Ministerio Público:

• Que la materia penal juvenil sea una de las que cuente con directrices específicas para el ejercicio de la acción penal por parte de fiscales, y

• Que existan disposiciones para la protección de las víctimas con un lugar relevante en la agenda del MP, en general.

Para el Sistema Penitenciario:

• El gran compromiso de quienes trabajan en dicho sistema, y

• La existencia del Programa de Oportunidades Juveniles y su gestión para el desarrollo de una red de apoyo social a la población penal juvenil.

Buenas prácticas

Debe destacarse en este punto el aporte social que constituye la conformación de la Red de Apoyo Interinstitucional en Materia Penal Juvenil[12], la cual es un conjunto de instituciones tanto públicas o privadas que de manera voluntaria ofrecen a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal, programas de rehabilitación o bien sus propias instalaciones para la realización de trabajo comunal a fin de materializar los compromisos adquiridos en la audiencia temprana.

Dentro de las instituciones que conforman la red de apoyo pueden mencionarse:

Centros Educativos Públicos;

Ministerio de Seguridad Pública;
Cruz Roja Costarricense;
Municipalidades;
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS);
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA);
Ministerio de Justicia;
Estaciones de Bomberos;
Bibliotecas Públicas;
Dirección Regional de Nutrición (CEN-CINAI);
Fundación Amor, Esperanza y Vida (FUNDAEVI);
Asociación de Adultos Belemitas;
Comités Cantonales de Deportes;
Universidad Estatal a Distancia (UNED);
Hogares Crea

 

La página Web del Programa de Justicia Restaurativa Penal Juvenil refiere la siguiente experiencia: 

 “Algunas personas menores de edad que participaron en el Programa Justicia Restaurativa en Materia Penal Juvenil han comentado que el programa les ayudó a ser consciente del daño causado, a no volver a cometer delito, adquirir nuevos valores e inclusive continuar de forma voluntaria colaborando con la organización que les apoyó.[13] 

 Asimismo, el Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil para Costa Rica del año 2012[14], expone como buenas prácticas en la justicia Penal Juvenil las siguientes[15]:

    • La aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Política Institucional “Derecho al acceso a la justicia para personas menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad, sometidas al proceso penal juvenil en Costa Rica”.
    • La conformación de una Comisión de Acceso a la Justicia Penal Juvenil.
    • El desarrollo dado a la Política de acceso a la Justicia, por parte de la Corte Suprema de Justicia, vía incorporación a la misma de las Reglas de Brasilia.
    • La incorporación de los principios y elementos de la justicia restaurativa a la justicia penal juvenil.
    • El programa de atención a personas ofensoras sexuales a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social.
    • La creación de un Juzgado de Ejecución Penal Juvenil en el año 2007.
    • La aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles.

• La creación del Tribunal de Apelación de Sentencia en materia Penal Juvenil.


[1] http://anep.or.cr/article/la-situacion-del-trabajo-juvenil-en-costa-rica/#sthash.7p70uxW7.dpuf Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Artículo “La situación del trabajo juvenil en Costa Rica.”. Agosto 2014.

[2] http://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Estado_Mundial_Infancia_2011.pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Indicadores básicos del “Estado Mundial de la Infancia 2011, La Adolescencia una Época de Oportunidades”, febrero 2011, página 88. 

[3] http://www.unicef.org/about/execboard/files/Costa_Rica-2013-2017-final_approved-Spanish-14Sept2012.pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). “Costa Rica. Documento del Programa del País 2013-2017.” Septiembre de 2012, páginas 2-4.

[4] Tomado del sitio Web: http://www.poder-judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php?option=com_content&view=article&id=26&catid=14&Itemid=114 Para mayor información consultar dicho sitio.

[5] Para ver el documento completo consultar: http://www.poder-judicial.go.cr/penaljuvenil/index.php/politica

[6] Para ver la información completa sobre esta práctica consultar: http://www.poder-judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=173

[7] Loc. Cit.

[8] Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– (2012). “Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil Costa Rica 2012. Imprenta Faroga. San José, Costa Rica.

[9] Op. Cit. Págs. 24,26, 30 y 35. Para una observación completa del diagnóstico se recomienda consultar dicho documento. Estos desafíos se exponen sin perjuicio de los procesos de constante mejoramiento que desarrolla el Poder Judicial de Costa Rica y que pueden modificar los resultados del estudio al año 2013.

[10] Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– (2012). Op. Cit.

[11] Op. Cit. Págs. 24, 26 y 30. Para una observación completa del diagnóstico se recomienda consultar dicho documento.

[12] Tomado del sitio Web: http://www.poder-judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=146 Para información completa se recomienda consultar dicho sitio.

[13] Loc. Cit.

[14] Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– (2012). Op. Cit. Págs. 84 y 85.

[15] Para una observación completa del diagnóstico se recomienda consultar dicho documento.

Asimismo, el Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil para Costa Rica del año 2012[14], expone como buenas prácticas en la justicia Penal Juvenil las siguientes[15]: